La libertad de expresión en redes sociales y la criminalización del discurso del odio en España

Una de las cuestiones que más está centrando la atención de los expertos y también de la ciudadanía es la de la restricción de la libertad de expresión en general, y, en las redes sociales en particular.

Es fácil encontrar manifestaciones públicas relativas a que la libertad de expresión en España está de capa caída debido a la excesiva criminalización de expresiones por medio del Código Penal, pero también por la intervención de las grandes empresas de Internet, en particular, de las redes sociales que establecen también sus propios límites a lo que se puede expresar en ellas. Además, en los últimos años también se ha hecho especial hincapié en todos los procesos penales abiertos contra tuiteros a los que se les ha acusado, y a algunos se les ha condenado, por delitos como el de enaltecimiento del terrorismo, por determinados tuits ofensivos.

Como consecuencia, los expertos han venido denunciando desde hace años no solo que las criminalizaciones de determinados discursos conculcan el derecho fundamental a la libertad de expresión, sino que el castigo de las mismas y su severidad puede traer consigo un efecto perverso: el chilling effect, o la autocensura de la ciudadanía por miedo a que le sancionen por sus expresiones.

Sin embargo, ¿hay más o menos libertad de expresión en España?, ¿tienen las leyes y las normas de uso de redes sociales ese efecto sobre la ciudadanía? ¿las personas nos censuramos, evitamos decir lo que opinamos?, y si lo hacemos ¿es por miedo a que nos castiguen o a que nos quiten la cuenta en una red social? Estas preguntas de investigación son las que abordan los profesores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche Fernando Miró Llinares y Ana Belén Gómez Bellvís, en su estudio publicado en el primer número de la revista Spanish Journal of Legislative Studies.

Los investigadores, pertenecientes al Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia de la UMH, con el objetivo de responder a las preguntas de investigación analizaron en primer lugar, la posición de España en diferentes índices internacionales que tratan de medir el grado de libertad de los Estados; en segundo lugar, las sucesivas reformas de los delitos de expresión en España; y, en tercer lugar, analizaron 217 sentencias relacionadas con los delitos de discurso del odio y enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas, resueltas en los últimos 20 años. Todo ello, con el propósito de poder observar si, por un lado, el ámbito de libertad de expresión se habría reducido por medio de las leyes y de la aplicación de éstas, y, qué impacto han tenido sobre esta restricción las redes sociales, ya que son actualmente un auténtico foro de debate político.

Del análisis de las sentencias, los autores observan que desde 2014, han aumentado llamativamente los procesos penales y las sentencias por delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo, dos delitos que previa popularización de las redes sociales no habían sido especialmente aplicados, lo que apunta a un evidente impacto de las redes sociales en la libertad de expresión.

Asimismo, para analizar si este aumento de la criminalización de expresiones incide en que las personas se autocensuren, realizaron una encuesta a 443 usuarios de redes sociales. Los resultados muestran que una gran parte de los encuestados se autocensura, pero que el Derecho penal y las normas de contenido, en particular la severidad de la ley y la certeza de que se aplica, no tienen un efecto directo en la decisión de expresar ideas en Internet, mientras que la percepción social de lo que otros hacen es decisiva.

Según los investigadores de la UMH, la popularización de las redes sociales como foro de expresión de ideas y de debate político ha incrementado la tensión entre la libertad de expresión y el control del discurso ofensivo o peligroso por parte de las autoridades. Este estudio es una primera aproximación al problema, pero, en sus conclusiones, defienden que el modelo de cumplimiento de la ley basado en la disuasión sigue sin funcionar. Según explican, la criminalización excesiva no está justificada ya que, además, afecta a la libertad de expresión.

En los últimos años, algunas organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras y Freedom House han llamado la atención sobre el aumento del control estatal sobre la libertad de expresión en España. Este análisis preliminar sobre la supuesta regresión de las libertades democráticas se enmarca en las investigaciones que el Centro Crímina UMH realiza sobre el análisis de datos de la conducta criminal, financiadas por los fondos FEDER de la Unión Europea y las Redes de Excelencia de la Agencia Estatal de Investigación.

Enlace al artículo: “Libertad de expresión en redes sociales y criminalización del discurso del odio en España: Evolución, impacto y análisis empírico del cumplimientpo normativo y la autocensura”, Spanish Journal of Legislative Studies.


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