El futuro de los derechos sexuales y reproductivos

La UMH acoge una mesa redonda para analizar las consecuencias de la penalización del aborto

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante Conchi Torres opina que el anteproyecto de Ley de protección de la vida del concebido y los derechos de la embarazada pone de manifiesto la fragilidad jurídica de las mujeres y considera necesario que reciban un tratamiento como sujetos que deciden, frente a tratarlas como sujetos por los que se decide. A su juicio, contemplar los derechos sexuales de la mujer implica reconocer su derecho a decidir sobre la maternidad: “La propuesta de ley del Gobierno supone un retroceso de más de 30 años en el reconocimiento de los derechos y equipara a la mujer a un enajenado mental o a un menor de edad, sobre quien deciden otros”.

Estas y otras reflexiones sobre salud sexual y reproductiva se debatieron el pasado martes en una mesa redonda organizada por la Unidad de Igualdad y el Centro de Investigación de Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, junto con la plataforma Elx pel dret a decidir. El objetivo de la jornada fue conocer diferentes visiones sobre la situación actual  y el futuro de los derechos sexuales y reproductivos desde una perspectiva histórica, jurídica, sanitaria y social. El aula donde se llevó a cabo la actividad colmó su aforo entre ponentes, miembros de la comunidad universitaria y asistentes que coincidieron, de forma casi unánime, en la necesidad de que se reconozca el derecho a decidir de la mujer como una garantía de salud.

La reforma de la Ley

El borrador del anteproyecto de la Ley orgánica pasa el testigo a los sanitarios a la hora de evaluar las condiciones mentales de una mujer que desee interrumpir su embarazo.  La enfermera y ex portavoz de Igualdad en el parlamento valenciano Consuelo Catalá aseveró que quienes trabajan en sanidad están a favor de la vida: “Pero de la buena vida. Y querer a los hijos lo garantiza”. Para Catalá, la salud pasa por una maternidad libre y deseada: “Los abortos se seguirán produciendo, pero en condiciones que pondrán en peligro de la vida de las mujeres”. En su opinión, la ley pretende ejercer un control demográfico puesto que se centra en la gestación y no en garantizar la salud sexual y reproductiva a través del acceso a métodos anticonceptivos. Según Consuelo Catalá, la planificación familiar ha permitido desvincular la sexualidad y la maternidad del proceso biológico de reproducción. “El Estado debe garantizar la prestación de los derechos sexuales y reproductivos, donde se enmarca la interrupción voluntaria del embarazo”, afirmó.

Católicas por el derecho a decidir

Por su parte, la presidenta de Católicas por el derecho a decidir en España, Mar Grandal, aportó la visión de un colectivo que “considera la sexualidad como un regalo de Dios”. Grandal  argumentó que la reforma de ley del Partido Popular supone forzar a las mujeres a ser madres. La teóloga sostiene que no defienden el derecho al aborto, “sino el derecho a decidir sobre la maternidad”. Grandal se muestra crítica con la posición de la Iglesia frente a la interrupción del embarazo: “¿Por qué se excomulga a quienes abortan y no a quienes abusan de su poder para fines ilícitos?”. Para la presidenta, las leyes que penalizan el aborto “piden a las mujeres sacrificar su vida”.

Asimismo, la directora de la Unidad de Igualdad, Rosario Tur, hizo hincapié en lo paradójico del polémico anteproyecto que “ha sacado a la luz el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos que algunos estados se resisten a incorporar a sus normativas con todas sus consecuencias”. Para la profesora de Derecho de la UMH, el Tribunal Constitucional tiene la oportunidad de pronunciarse en esta materia y “hacer algo emblemático que de visibilidad al espacio privado femenino”. Las normas públicas, concluye Tur,  invisibilizan en muchos casos los derechos de las mujeres.

Belén Pardos

 

 

 

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